El Gobierno ha decretado la ampliación de la suspensión de los procesos de desahucios y lanzamientos de las familias vulnerables durante todo el 2023.
Se trató en su día de una medida muy limitada en el tiempo derivada de la crisis económica que afectaba a las familias derivada de la Covid 19.
Fue noticia que se paralizaran por un tiempo limitado, pero se ha ido ampliando sucesivamente hasta que pocos días antes de que acabe 2022, el Gobierno ha ampliado todo el año natural de 2023. A dicho efecto se debe de tener en cuenta que las elecciones nacionales de la Política en España justamente está previsto que se efectúen a finales de 2023.
Es una medida muy necesaria para muchas familias que están en riesgo de exclusión social y son especialmente vulnerables. Pero por desgracia no todas las personas están utilizando adecuadamente dicho derecho, pues en la vulnerabilidad están entrando casos de personas realmente vulnerables y otras que no siéndolo, cumplen los requisitos y por tanto obtienen la beneficio de mantener su alquiler a pesar de haber podido expirar el plazo o estar en situación de impago.
Se trata de una medida en la que los que pierden son a todas luces los propietarios que tienen la gran limitación de no poder aplicar sus derechos, lo que tal vez si lo hubieran sabido al tiempo de alquilar su vivienda no lo hubieran hecho.
Existe previsión de medidas equilibradoras para el propietario, pero que desde nuestro punto de vista no se hacen efectivas de la manera que sería necesario. La seguridad jurídica en España se ve afectada por la inseguridad de que durante una relación contractual cambien las normas aplicables matizando y alternado los derechos y obligaciones tenidas en cuenta antes de tomar la decisión, detalles y condiciones.