LEY DE DESAHUCIO

LEY DE DESAHUCIO, PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS:

 

El Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de Medidas Urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, ha entrado en vigor el viernes pasado, día 16 de noviembre de 2012, y si bien se presenta como una medida urgente para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, acordando la suspensión de los lanzamientos que les afectan, podemos decir que se trata de una verdadera “tomadura de pelo”. Mientras no se reforme la legislación hipotecaria vigente, y la Ley de Enjuiciamiento Civil, que la Unión Europea ha tachado de anticuadas y que provocan indefensión a los deudores hipotecarios (y entendemos que es por ello por lo que, de manera urgente, se ha publicado este Real Decreto-Ley) el sistema que acuerda que, una vez adjudicada la vivienda a la entidad bancaria, ésta podrá interesar el lanzamiento del morador de dicha vivienda, y practicarse éste, no va a cambiar en absoluto.

En primer lugar, y si bien se señala en la Exposición de Motivos que el objeto fundamental consiste en la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión, lo cierto es que si leemos la Disposición Transitoria Única resulta que estas medidas serán de aplicación, a los procesos de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento. De manera que sólo se aplica a los procedimientos en que sólo esté pendiente el lanzamiento del ejecutado de su vivienda, y sólo si el ejecutado acredita la concurrencia, sin que se señale plazo alguno para ello, de una serie de requisitos cuya acreditación documental, en la mayor parte de los casos, requerirá mucho tiempo invertido para la obtención de los documentos que se requieren.

Así el artículo 2 de este Real Decreto-Ley señala que “La concurrencia de las circunstancias a que se refiere este real decreto-ley se acreditará por el deudor en cualquier momento del procedimiento de ejecución hipotecaria y antes de la ejecución del lanzamiento, ante el juez o el notario (..el notario????????) encargado del procedimiento, mediante la presentación de los siguientes documentos:

a)      Percepción de ingresos por los miembros de la unidad familiar:

1º. Certificado de rentas, y en su caso, certificado relativo a la presentación del Impuesto de Patrimonio, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con relación a los últimos cuatro ejercicios tributarios.

2º. Últimas tres nóminas percibidas.

3º. Certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

4º. Certificado acreditativo de los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Comunidades Autónomas y las entidades locales.

5º. En caso de trabajador por cuenta propia, se aportará el certificado expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o, si estuviera percibiendo la prestación por cese de actividad, el certificado expedido por el órgano gestor en el que figure la cuantía mensual percibida.

b)      Número de personas que habitan la vivienda:

1º. Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.

2º. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

c)       Titularidad de los bienes:

1º. Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relación con cada uno de los miembros de la unidad familiar.

2º. Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de la garantía hipotecaria y otros documentos justificativos, en su caso, del resto de las garantías reales o personales constituidas, si las hubiere.

b) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse situado en el ámbito de aplicación de este real decreto.

Todos estos documentos son los que deben presentarse para acreditar la concurrencia de las circunstancias que determinan estar incurso el deudor en una situación de especial vulnerabilidad y que concurran además una serie de circunstancias económicas, de forma que si no se encuentra el deudor en esta situación, que no se moleste en recopilar la documentación requerida, pues no se procederá a la suspensión del lanzamiento. Estas circunstancias son las siguientes:

El artículo 1.1. del Real Decreto-Ley señala “Hasta transcurridos dos años desde la entrada en vigor de este real decreto-ley (hasta el 16 de noviembre de 2014), no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y  en las circunstancias económicas previstas en este artículo”.

El artículo 1.2. del Real Decreto-Ley señala “Los supuestos de especial vulnerabilidad a los que se refiere el apartado anterior son:

a)      Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

b)      Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

c)       Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.

d)      Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.

e)      Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.

f)       Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.

g)      Unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituya su domicilio habitual”.

1.3. “Para que sea de aplicación lo previsto en el apartado 1 deberán concurrir, además de los supuestos de especial vulnerabilidad previstos en el apartado anterior, las circunstancias económicas siguientes:

a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de su solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.

c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma”.

1.4. “A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá:

a) Que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas      cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado al menos 1,5.

b) Por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por relación de tutela, guarda o acogimiento familiar”.

 

LEY DE DESAHUCIO. EN CONTRA DEL ABUSO BANCARIO POR CRÉDITOS HIPOTECARIOS. HIPOTECAS BANCARIAS JUSTAS..

 

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